En virtud de la medida dispuesta por el juez federal con asiento en Esquel, Guido Otranto, este jueves por la mañana se procedió al desalojo de la comunidad autoproclamada mapuche, encabezada por Cruz Cárdenas, que desde 2020 ocupaba una zona denominada "Seccional del Guardaparque El Maitenal", ubicada en el Parque Nacional Los Alerces en Chubut.
Formaron parte del operativo el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz; el jefe de la Plana Mayor de la Policía del Chubut, comisario Andrés García, y el subsecretario de Protección Civil provincial, Eduardo Pérez.
Además, acompañaron al gobernador, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, y posteriormente arribó a la zona la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien destacó el resultado del operativo.
En diálogo con el periodismo, el gobernador explicó: "lo primero que hay que separar es lo que son las comunidades aborígenes que están hace muchísimos años y conviven en armonía, de la Resistencia Ancestral Mapuche, integrada por delincuentes que se autoperciben originarios para tomar un parque nacional, como en este caso, o un montón de tierras de propiedad privada de gente de nuestra provincia que se ha esforzado muchísimo para tener su campo".
El operativo "se dio después de mucho tiempo de un proceso judicial que debería haber sido corto y rápido, pero que lamentablemente, por la cobardía de un sector garantista de un sector de la Justicia Federal, demoró años", apuntó el gobernador. Y señaló: "el desalojo no es ni más ni menos que cumplir con lo que dice la ley".
RETIRO SIN INCIDENTES
Torres señaló que el procedimiento "se dio de la mejor manera posible, hubo diálogo previo y el trabajo conjunto entre las fuerzas provinciales y las federales fue excelente; se habló con las partes, se logró que se retiraran sin inconvenientes", sumando a ello que "a través del diálogo se pudo concretar el operativo pacíficamente".
"Antes se relativizaba el tema, se decía que esto no era una cuestión legal sino 'un problema de hábitat', y había un gobierno y un sector de la Justicia que avalaba las tomas calificándolas como una consecuencia del déficit habitacional de las comunidades", remarcó el titular del Ejecutivo provincial.
Además, recordó que durante la anterior gestión nacional, "cuando denunciamos una toma, no solo nos denunciaron distintas ONG que avalan a estas personas, sino que nos dijeron que 'no había delito', y muchas de las ocupaciones eran por parte de personas que vivían en Buenos Aires y nada tenían de originarias, sino que habían venido a hacerse de tierras".
En otro orden, Torres indicó que "a nivel normativo, en Chubut tuvimos que modificar el Código Procesal para que, cuando haya una ocupación y se corrobore que hay un dueño de esa propiedad, se desocupe el terreno en 24 horas", puntualizando que "antes se iniciaba un proceso judicial y podían pasar hasta 5 o 10 años donde el legítimo propietario de la tierra tenía que esperar ese tiempo hasta que tal vez le devolvieran la tierra".
"Este tipo de procedimientos hacen más justa a la Justicia", sostuvo el gobernador, advirtiendo: "ha habido una connivencia política durante mucho tiempo y eso hoy se terminó".
CUATRO AÑOS DE LITIGIO
"Durante cuatro años estuvieron ocupando ilegalmente la tierra estos individuos que se embanderaban en falsas banderas mapuches, los sucesivos gobiernos anteriores no quisieron hacerse cargo de la situación, y finalmente con diálogo, respeto y la fuerte convicción de que la ley se cumpla para todos los chubutenses, logramos restituir las tierras a sus legítimos propietarios", recalcó el gobernador.
En referencia a Cruz Cárdenas, figura central de la ocupación en el Parque Nacional Los Alerces, Torres recordó: "era brigadista, luego se autopercibió como originario, pero lo cierto es que hay concretar de una vez el registro de comunidades, ya que hay abogados especializados en estirar los tiempos".
Y explicó: "hay una cuestión de soberanía, porque muchas de estas ocupaciones y estafas se hicieron en virtud de no reconocer al Estado Nacional como tal".
Sobre esto último, el mandatario detalló: "muchos de los que usurparon cobraban una Asignación Familiar o algún tipo de beneficio del Estado argentino; es decir que, por un lado no reconocían al Estado Nacional, y por el otro recibían beneficios por parte del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno anterior".
"Hoy estamos trabajando bien con las comunidades originarias, las cuales fueron convocadas recientemente para resistir este desalojo, y lo cierto es que de sus integrantes no vino nadie", resaltó.
En otro orden, Torres manifestó: "la ley tiene que ser igual para todos, sin importar a qué sector o partido político pertenezca una persona, y hace muchos años que se venía reinterpretando la legislación, generando una gran cantidad de tomas y un crecimiento exponencial, justamente en tiempos en los que el kirchnerismo avaló esa metodología".
"Estamos decididos a ir a fondo con este tema, porque la Justicia debe estar para proteger a la gente de bien sin que nadie se haga el distraído", sentenció.
PROTESTA EN LA TROCHITA
"Hicimos cumplir la ley en el Parque Nacional Los Alerces, desalojando una toma ilegal, y en este mismo día intentaron cortar las vías de La Trochita en señal de protesta, pero a estos inadaptados también les demostramos que en esta provincia también se cumple la ley", expuso Torres en relación a la manifestación de un grupo de personas que, en un intento por reclamar ante el desalojo que se llevó a cabo por la mañana, interrumpió durante un breve lapso de tiempo la libre circulación del Expreso Patagónico, generando un perjuicio para sus empleadaos y los cientos de turistas que utilizan uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.
El procedimiento que se llevó a cabo en el Parque Nacional Los Alerces, coordinado por la Policía Federal por tratarse de un parque nacional, se desarrolló de manera pacífica desde las 8 de la mañana, bajo estrictos protocolos de seguridad, y contó con la colaboración en terreno de la Policía del Chubut, que puso sus recursos a disposición desde el inicio del operativo.
La ocupación de estas tierras generó múltiples inconvenientes, entre ellos ataques físicos al personal de la Administración de Parques Nacionales y un grave perjuicio al derecho de la propiedad del Estado nacional.