En los tribunales penales de Comodoro Rivadavia se concretó este viernes la audiencia preliminar que tiene como imputado a Fernando Vivas. El representante de fiscalía oralizó la acusación sobre la base del delito de “falsedad ideológica de instrumento público, agravada por la comisión de funcionario público, en funciones” en calidad de autor para Vivas. Así pidió que se eleve la causa a juicio ante un tribunal unipersonal. En contraposición la defensora se opuso, negando la existencia de dicha falsedad. Por último, el juez penal resolvió elevar la causa a juicio oral y público ante un tribunal unipersonal, por el hecho y la calificación legal esgrimidas por el representante de fiscalía en la acusación.
El funcionario de fiscalía se refirió al hecho incluido en la acusación. Relató que el 1 de agosto de 2019, Fernando Martín Vivas quien ocupaba el cargo de subsecretario de Gestión Urbana de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, actuando a sabiendas que María Francisca Romero de Gómez no cumplía los requisitos impuestos para registrarse como Transportista de Residuos Sólidos Urbanos (conf. Ordenanza Municipal N°: 11.638/14) otorgó en favor de esta última el certificado correspondiente, insertando falsamente en dicho documento que la beneficiaria era la titular de la firma denominada “Chatarra Gómez”, que esta se domiciliaba realmente en la calle Humberto Beghin al 3.200 de esta ciudad, y que se encontraba “inscripta como Transportista de R.S.U.”.
Previamente a la expedición del documento aludido, según la Fiscalía, Vivas había denegado arbitrariamente expedir constancia de renovación del Certificado de Transportista de RSU solicitado por Alfredo Javier Gómez, quien resultaba ocupante exclusivo y titular registral del inmueble sito en la calle Humberto Beghin N°: 3.269 de esta ciudad, contaba con la respectiva Habilitación Comercial a su nombre desde el año 2003, y se encontraba inscripto en el registro antes referido desde el año 2014.
La renovación del certificado por parte de Alfredo Gómez había sido solicitada formalmente y cumpliendo todos los recaudos normativamente impuestos, el 01/07/19, adjuntando en la ocasión Título de Propiedad del Inmueble donde desarrollaba la actividad, constancia de Habilitación Comercial, Constancia de VTV y Seguro Obligatorio de los vehículos utilizados para desarrollar el transporte de RSU y el pago de patente de las 20 bateas que utilizaba en la explotación; pese a lo cual Vivas rechazó su presentación, otorgando en cambio el Certificado de RSU en favor de Romero de Gómez, como se dijo al inicio.
El fiscal calificó jurídicamente el hecho como “falsedad ideológica de instrumento público, agravada por la comisión de funcionario público, en funciones” en calidad de autor para Vivas. Estimó qud en caso de recaer condena, la misma será inferior a 3 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo, por lo cual corresponde un tribunal unipersonal.
En contraposición la defensora expresó: “no existe el hecho que amerite tal imputación, el certificado otorgado a Chatarra Gómez es de transporte y no requiere de habilitación comercial para el mismo”. Agregó: “el certificado en cuestión no tiene falsedad”.
Seguidamente se concretó el ofrecimiento de prueba testimonial y documental de las partes; para luego de analizados los planteos el juez resolvió admitir la acusación del fiscal y elevar la causa a juicio oral y público ante un tribunal unipersonal.
Presidió la audiencia preliminar Jorge Odorisio, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Maximiliano Morsucci, funcionario de fiscalía; acompañado por Denise Totino, abogada contratada; en tanto que la defensa de Vivas fue ejercida por María Kuhnle, abogada particular del mismo.