Los casi cuatrocientos fileteros, envasadores y operarios de cámaras de frío que pertenecen a las cooperativas de trabajo El Dorado y 20 de Noviembre, se niegan a prestar servicios en otras dos organizaciones similares propuesta por el gobierno provincial, denominadas San Miguel y Sur Caleta.
Para comprender esta problemática, vale recordar que años atrás la Provincia expropió la planta, la cual luego fue concesionada a la empresa Vepez que tiene como principal directivo a Luis Jones, quien continuó las operaciones con las dos cooperativas mencionadas en primer término.
Hace pocos meses, Jones decidió desligarse luego de mantener serias discusiones por pedidos de incremento de salarios basados en la producción, según lo señalaron los cooperativistas, quienes para proseguir con sus tareas establecieron contacto con otra empresa pesquera a fin de que les proveyera insumos.
Sin embargo, los problemas resurgieron hace pocas semanas cuando Jones reclamó, a través de la justicia, las maquinarias de las cámaras de frio.
Y recientemente el gobierno de Santa Cruz también interpuso un recurso ante un Juzgado Penal local un recurso para lograr desautorizar la continuidad laboral de El Dorado y 20 de Noviembre debido a las irregularidades que dijo detectar, como ser falta de aportes jubilatorios, incorporación de gente que no estaba encuadrada en la ex AFIP e incluso trabajadores extranjeros indocumentados, en su mayoría de nacionalidad boliviana.
No obstante, de acuerdo a lo manifestado por el ministro de las Producción, Gustavo Martínez, el gobierno quiere sostener las fuentes laborales con la condición de que los trabajadores pasaran a las filas de otras dos cooperativas, San Miguel y Sur Caleta, lo que infiere que requería que se deprendan de los principales referentes de las primeras.
ROTUNDA NEGATIVA
Por ello, este martes hubo una suerte de “toma de la planta” donde y los trabajadoras expresaron su respaldo a los dichos de los principales directivos de El Dorado (Adriana Carrizo) y 20 de Noviembre (Wilson Delgadillo).
Estos dos dirigentes, indicaron que la resolución que recibieron del juzgado interviniente no expresa que tengan que paralizar sus tareas y mostraron abultadas carpetas en las que contenía los nombres de los trabajadores asociados inscriptos legalmente, al tiempo que negaron terminantemente que haya gente indocumentada.
Por otra parte acusaron a funcionarios provinciales de favorecer a la empresa Vepez y a su principal directivo, asegurando que detrás de toda esta situación hay un contubernio político y comercial.
Además, resaltaron que fueron las dos cooperativas las que mantuvieron las fuentes laborales luego de la planta fuera expropiada.