El objetivo del gobierno de Javier Milei fue frenar la nueva movilización en respaldo a los jubilados. Para ello, la cuestionada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, montó un operativo que comenzó por la mañana advirtiendo en los parlantes de los servicios de transporte público que la Policía iba a reprimir, pero no decía nada de transformar las cabeceras de las estaciones de trenes y calles en torno al Congreso en un estado de sitio, en el que las fuerzas de seguridad pedían DNI a los transeúntes, como se registró durante este miércoles a la tarde.
La única advertencia hecha fue para quienes vivieran o trabajaran en los edificios que quedaron dentro del cerco que Bullrcih construyó alrededor del Congreso. Esas personas, a partir de las 16, sí deberían mostrar el DNI para atravesar el muro de metal y las filas de fuerzas de seguridad dispuestas para que los jubilados no puedan hacer la ronda de cada miércoles ni que los diputados escucharan el rechazo de las calles contra el DNU que sella un acuerdo ciego con el DNI, a contra mano de la Ley de Sostenibilidad de la Deuda y de la Constitución.
La requisa ordenada por la ministra se extendió mucho más allá, con el mismo objetivo que el mensaje que desde temprano se escuchó en los parlantes y advertía sobre la represión contra la protesta.
En las estaciones de Constitución y Retiro se registraron requisas de efectivos de la Policía Federal pidiendo documentos a los pasajeros e interrogando sobre cuál era el lugar de destino de la persona que llegaba a la estación.
En las calles cercanas al Congreso, mientras las columnas de jubilados, estudiantes, sindicatos y movimientos sociales comenzaban a nutrir la marcha, la Gendarmería se adelantó al horario dispuesto por el megaoperativo y comenzó desde temprano a revisar carteras y mochilas, y pedir documentos e interrogar a quienes querían atravesar los vallados, que paradójicamente interrumpieron desde temprano el libre tránsito que Bullrich dice defender.