Ocho allanamientos por el presunto fraude de un exfuncionario

Fue en el marco de la investigación contra el extitular de la Delegación Noroeste de Servicios Públicos de Chubut, acusado de utilizar recursos estatales para beneficio privado.

En el marco de una investigación por presunto fraude contra la administración pública, el sábado se realizaron ocho allanamientos en la provincia de Chubut, en domicilios y oficinas vinculadas a Mauro Ariel Palma Larreburu, exjefe de la Delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos de la Provincia.

El operativo, dirigido por el fiscal Nicolás Valisiev y supervisado por el fiscal jefe Carlos Díaz Mayer, busca esclarecer posibles negociaciones incompatibles con la función pública llevadas a cabo entre 2015 y 2024.

Las diligencias, autorizadas por la justicia y ejecutadas por personal de la DPI Comarca Andina, permitieron el secuestro de múltiples dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos de interés para la causa. Entre los elementos incautados se encuentran teléfonos celulares, notebooks, discos duros, memorias externas y documentos que podrían aportar pruebas clave sobre las presuntas irregularidades.

HABRIA FAVORECIDO A EMPRESAS PRIVADAS

La investigación señala que Palma Larreburu habría aprovechado su cargo público para beneficiar a empresas privadas con las que mantenía vínculos comerciales. Entre ellas se destaca “Transacue SA”, dedicada al transporte y distribución de energía eléctrica, donde la provincia de Chubut posee participación accionaria, e “Ingenio”, empresa que el propio Palma representaba comercialmente.

Según la fiscalía, el objetivo de estas operaciones era obtener beneficios económicos a través de contratos relacionados con la operación y mantenimiento de infraestructura eléctrica.

Además, se investiga su participación en “Net42 SA” y su posible vinculación con otras empresas del sector, como "Servisur", "Electricidad Sur" y "PSI", las cuales habrían realizado tendidos de fibra óptica utilizando postes públicos sin los debidos permisos ni contraprestación al Estado. Esta práctica habría permitido a Palma Larreburu, en su doble rol de funcionario y empresario, autorizar el uso de recursos estatales en beneficio propio.

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