No obstante, la gremialista cuestionó severamente la manera arbitraria con la que fueron desvinculados los tres empleados de la sucursal en Comodoro, dado que sin previo aviso fueron notificados por funcionarios ejecutivos del Grupo Petersen que arribaron desde Buenos Aires.
“Nosotros también teníamos conocimiento desde hace tiempo sobre versiones que indicaban que esa sucursal podría cerrarse porque tenía escasa operatividad y también se hablaba de la posibilidad de que los empleados pudieran ser incorporados al Banco Chubut o a otra entidad, pero ello no prosperó y finalmente se tomó una drástica e insensible medida contra los trabajadores”, comentó Fabregat a El Patagónico.
Al ser consultada sobre la posibilidad de que el gobierno de Santa Cruz pueda interceder dado que posee el 49 % del paquete accionario del banco que lleva en nombre de esta provincia, dijo que probablemente ello no ocurra debido a la compleja estructura de la entidad crediticia que está relacionada con las que funcionan en otras provincias.
En ese sentido, remitiéndose a los antecedentes, explicó que en el año 1998, cuando Néstor Kirchner era gobernador, el Banco Santa Cruz se fusionó con el Grupo Petersen, que también está conformado por los bancos San Juan, Santa Fe y Entre Ríos, pero los gobiernos de esas provincias tienen menos porcentual de acciones en comparación a las que posee el de Santa Cruz (49 %).
Recordó además que el citado convenio se renueva cada diez años y que en una de las cláusulas quedó establecido que no podía cerrarse ninguna de las 14 sucursales de esa provincia, habiéndose incluido a la de El Chaltén que por aquella época ni siquiera tenía un edificio o sede propia.
Sin embargo, en las cláusulas no estaba contemplada la de Comodoro Rivadavia, lo cual indica que es altamente improbable que el gobierno santacruceño intervenga en esta problemática a través de sus organismos competentes.