Dicho acuerdo fue planteado por el fiscal Gerardo Miranda y el sujeto resultó condenado a la pena de siete años de prisión, como autor de los delitos de abuso sexual simple reiterado, agravado por la guarda y la convivencia con una niña menor de edad y agravado por la guarda respecto de otra pequeña.
El acuerdo pleno contó con el consentimiento de la defensora oficial Natalia Araya y fue rubricado por los jueces Romina Martini, Víctor Gangarrossa y Bernardo Campana poniendo fin a los dos legajos que tramitaba el Ministerio Público Fiscal contra el sujeto, identificado en la sentencia que publicó el Poder Judicial en su página web con las iniciales J.J.O.
En el primero de los casos, le atribuyeron hechos sucedidos entre diciembre de 2017 y enero de 2021, cuando realizó tocamientos a una niña de diez años de edad. En el segundo caso, entre noviembre de 2015 y fines de 2020, de manera reiterada, sometió a otra niña mientras transitaba entre sus 9 y 14 años de edad.
En la acusación inicial, le habían atribuido reiteradas violaciones contra esa pequeña, pero en el acuerdo final de juicio abreviado resultó sobreseído por esa porción de la acusación. Según la atribución fiscal, para cometer los hechos se valió de la relación asimétrica de poder, no sólo por la edad de las niñas, sino también por el vínculo y confianza familiar que había sobre él.
Al momento de postular el acuerdo, la fiscalía remarcó que si bien la pena acordada se alejaba del mínimo de la escala aplicable, no lo hacía lo suficiente como para resultar irrazonable y además que la solución planteada tenía el consentimiento de ambas víctimas y sus padres.
Como parte del acuerdo, ante la edad y estado de salud del acusado, las partes evaluaron aceptable que el sujeto permanezca cumpliendo prisión preventiva domiciliaria, con monitoreo electrónico hasta que la sentencia quede firme y le establecieron una restricción de acercamiento y contacto por cualquier medio hacia de las víctimas.